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El Ministerio de Juventud e Infancia encargó a un comité de personas expertas independientes, un informe que incluyera un amplio diagnóstico sobre el impacto de las tecnologías en las personas menores de edad. El objetivo era dotar de un marco para que las Administraciones Públicas garanticen la prevención, detección precoz y protección frente a una posible vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia.